El sector de enseñanza de FeSP-UGT exige que no haya limitación temporal en el nombramiento de funcionarios interinos docentes

Delegaciones de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) y de CCOO se han reunido con los Grupos Parlamentarios en el Congreso de Unidos Podemos, PDeCAT, Partido Popular y PSOE, a fin de explicar las enmiendas que ambas organizaciones hemos hecho llegar para el debate de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). 

Además de enmiendas que afectan a todos los empleados públicos como las retribuciones o la incapacidad temporal, hay dos cuestiones que preocupan mucho al sector de enseñanza y de forma especial al profesorado interino.

Así, la primera de ellas es la restricción temporal a la hora de efectuar nombramientos de funcionarios interinos, contenida en el artículo 19.Dos, párrafo 3º, a un máximo de tres años.

Sobre este aspecto, Unidos-Podemos y PSOE han recogido las enmiendas de los sindicatos con respecto a la restricción temporal en el nombramiento de interinos y las han presentado. El PP, consciente de la confusión a la que se prestaba el texto del anteproyecto de LPGE, ha presentado una enmienda de modificación, ciñendo la restricción a contratos por obra y servicio. Nos afirman que no afecta a los funcionarios interinos docentes.

Por otro lado, la inclusión del personal de las universidades públicas en el ámbito de aplicación del Acuerdo Gobierno-Sindicatos, de 29 de marzo, mantiene al colectivo en alerta.

Con respecto al personal de las universidades, Unidos-Podemos se mostró partidario de incluir en acuerdo al mayor de colectivos, al igual que el PSOE que, además ha presentado una enmienda concreta. El PP no se manifestó claramente, diciendo que el tema de la Universidad merece un tratamiento específico apelando a la autonomía  universitaria.

El sector de Enseñanza de FeSP-UGT estará vigilante tanto en el debate de los PGE como en la reunión que el próximo 17 de mayo, celebrará el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes con las CCAA para que se mantengan los compromisos  adquiridos en el Acuerdo.

 

 


 

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