UGT Servicios Públicos denuncia la ampliación de plazas en los estudios de medicina de la privada, ignorando al Consejo Interuniversitario y la oferta de plazas MIR

UGT Servicios Públicos denuncia que el Gobierno regional incrementa la oferta anual de plazas para estudiar medicina en la universidad privada sin tener en cuenta la oferta anual de plazas de Facultativos en Formación (MIR) y dando la espalda al criterio del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia, promoviendo además la exclusión social en la educación superior.

La semana pasada el  Ejecutivo murciano anunciaba el incremento de 60 nuevas plazas para estudiar Medicina en la universidad privada, en el campus de Cartagena, sin considerar las necesidades del sector (la oferta anual de plazas de Facultativos en Formación, MIR) y de espaldas al Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia, que no pudo pronunciarse sobre la pertinencia de esta ampliación.

La consejera de Empresa, Empleo y Universidades, Valle Miguélez, dio por informada positivamente la propuesta y no permitió la votación en el Consejo Interuniversitario para pronunciarse sobre este aumento de ofertas de estudios de Medicina en la UCAM. Los Consejos Sociales de las dos universidades públicas se habían posicionado en contra de esta medida, puesto que el incremento del 67% de la oferta en estos estudios, entre otras cuestiones, afectará negativamente al acuerdo existente mediante el que el gobierno regional permite que estudiantes de la privada realicen prácticas en centros públicos.

UGT Servicios Públicos denuncia la mala previsión de esta oferta académica por  inoportuna, ya que ignora tanto la situación actual de los profesionales médicos (oferta anual de plazas de Facultativos en Formación – MIR -) como la actual situación de plazas en hospitales públicos para la realización de prácticas durante los estudios.

Además, este sindicato considera que actuaciones como esta incrementan la exclusión social en el acceso a los estudios de medicina: en una Región en la que un 30% de la población se encuentra en riesgo de pobreza, este tipo de medidas que ahondan la brecha social no son aceptables. La actual matrícula en la privada supone el 92% del Salario Mínimo Interprofesional anual o el 45% de los ingresos anuales de un hogar murciano medio.

Para UGT es palpable la paulatina privatización de la educación superior en la Región de Murcia por parte del actual Gobierno regional, que traslada el gasto educativo a las familias murcianas.

UGT Servicios Públicos considera que la educación superior es un derecho básico al que se debería acceder en igualdad de condiciones sin que la situación económica personal sea un obstáculo: igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.

 

 


 

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